Definir los intereses nacionales es solo el primer paso para consolidar el modelo estratégico de Bolivia. Lamentablemente a casi doscientos años de su existencia, Bolivia no ha sido capaz de definirlos, menos implementarlos.

El interés nacional es el norte que debe guiar a los hombres de Estado y la fuente de la legitimidad de la correspondiente política exterior (Hans Morgenthau). El interés nacional o interés del Estado –según nuestra Constitución– debe responder a la finalidad última del Estado, el bien común, expresado en la seguridad, bienestar y desarrollo. Sin seguridad no existe desarrollo y, contrariamente, sin desarrollo no se cuenta con una seguridad adecuada.

La Constitución Política del Estado del 2009 ha generado nuevas definiciones doctrinarias como las referidas a “los intereses del Estado”. Es más, la norma suprema atribuye a la Procuraduría la tarea de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, sin embargo, ni la ley 064 ni sus decretos reglamentarios que establecen la organización y funciones de esta institución, la definen ni caracterizan, por lo tanto, dejando su interpretación a criterio libre de las personas. ¿Son los intereses del Estado los objetivos establecidos en la Constitución?; ¿Son intereses del Estado los fines que señala la Constitución?; ¿Están los valores y principios establecidos en la norma constitucional al mismo nivel que los intereses?; ¿Cuáles son las instituciones encargadas de establecerlas o por lo menos definirlas?; A más de quince años de vigencia de la Constitución, ¿se han establecido los intereses del Estado? ¿Cuáles son?; ¿Dónde se encuentran?

La amplia doctrina existente al respecto nos señala una diversidad de intereses del Estado (los económicos, de política exterior, culturales y otros) que para el presente análisis nos circunscribiremos a lo establecido para la única institución del Estado responsable de los mismos, es decir, la Procuraduría.

Es atribución de la Procuraduría promover los intereses del Estado, lo que implica que promocionar, impulsar, fomentar o incluso favorecer los intereses del Estado es su  responsabilidad. El precautelar los intereses del Estado es otra de sus atribuciones. Aunque el término no guarda una relación lógica con los intereses mismos, haciendo un esfuerzo por entenderlo, lo referiremos a la toma de acciones necesarias para prevenir de un daño o peligro a dichos intereses. Finalmente, la tercera atribución es la defensa de los intereses del Estado, tarea de la cual debatiremos.

A más de quince años de su incorporación en nuestra Constitución, es importante hacer algunas consideraciones para establecer el fundamento teórico–doctrinario que permita identificarlos inicialmente y promoverlos o en sus casos defenderlos posteriormente.

A finales del década de los noventa y comienzos de la siguiente, muchos de los Estados, particularmente los desarrollados, percibieron la necesidad de ordenar sus ideas y plasmarlos en un documento las necesidades de seguridad de sus naciones, identificando sus intereses nacionales en los denominados Libros Blancos de la Defensa así como en las Estrategias de Seguridad Nacionales. Cada uno definió sus intereses nacionales en función de sus particulares realidades y necesidades a satisfacer, preservar o proteger. Uno de las definiciones más aceptadas es la establecida por los españoles que conjunciona tanto a los principios y valores y los interés mismos: Los intereses nacionales son aquellos que tienen como objeto el mantener la soberanía, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, así como asegurar la libertad, la vida y la prosperidad de sus ciudadanos y la consecución de un orden internacional estable, de paz, seguridad y respeto de los derechos humanos.

La definición referida, señala que los intereses no son solo los establecidos al interior de los Estados, sino, que también se cuentan al exterior. De esta relación se infiere que los intereses nacionales deben guardar relación con los intereses supranacionales de las organizaciones internacionales de las que son parte o con la de los Estados con los que se tiene acuerdos establecidos. No tendría ningún sentido pertenecer a una organización cuyos intereses no estén de acuerdo con los nuestros.

Al igual que la agenda pública, la definición de los intereses nacionales son de naturaleza política que necesariamente deben ser definidos y establecidos por los políticos de turno.

Definir los intereses nacionales es solo el primer paso para consolidar el modelo estratégico de Bolivia. Lamentablemente a casi doscientos años de su existencia, Bolivia no ha sido capaz de definirlos, menos implementarlos.

El presidente de Bolivia debe señalar con precisión su concepción estratégica para identificar los intereses nacionales y consecuentemente lograr su materialización a través del logro de los objetivos con el empleo de los instrumentos del poder nacional. De una comprensión de forma conceptual y teórica debe pasarse a hechos concretos y prácticos. Deben establecerse escenarios estratégicos y geoestratégicos en el campo económico, industrial, comercial, en la garantía de suministros energéticos, en las comunicaciones, espacio, ciberespacio y otros que incidan en la seguridad y defensa del país, solo así podrán concretarse los intereses nacionales en políticas públicas reales y objetivas. 

En un mundo cada vez más interdependiente y con renunciamiento de parte de la soberanía, los Estados logran alcanzar sus intereses a través de la seguridad colectiva, la ayuda económica, la diplomacia y las alianzas de beneficio mutuo.

Deben identificarse los intereses vitales del país, los estratégicos y los otros intereses que sin ser secundarios deben permitir alcanzar el bien común de los bolivianos, o tal vez apoyarnos en lo establecido por Morgenthau e identificar los intereses no variables que busquen asegurar la supervivencia y la identidad física, política y cultural del Estado. Los intereses variables de V. Van Dyke que incluyan la prosperidad, la paz, la ideología, la justicia y el poder del Estado. Independientemente de la línea adoptada, la clase política en el poder, deberá compatibilizar los principios y valores establecidos en la Constitución con los intereses identificados y concretados.

Es tiempo de establecer una estrategia de seguridad nacional como el arte mediante el cual se dirijan, orienten y coordinen todas las energías y fuerzas de la nación hacia la preservación de los intereses nacionales.

La clase política debe entender que las políticas públicas se estructuren en función de los intereses nacionales, lo que supondría, que la sociedad perciba tales intereses como necesarios, importantes y legítimos.

La Procuraduría y el Ministerio de Defensa deben ser los entes rectores para definir y establecer los intereses del Estado, secundados por la élite política del país y a casi doscientos años de Bolivia, establecer un norte para los bolivianos para el logro bien común.